El sindicato docente exige también revertir los conciertos a la educación privada en lugar de recortar 150 puestos de trabajo en los colegios públicos
Frente al proyecto de la Consejería de Educación de suprimir puestos escolares en los colegios públicos de Infantil y Primaria de Cantabria, el STEC planteará en la reunión negociadora sobre cupos, que tendrá lugar el próximo 13 de julio, su rechazo a esta propuesta. Asimismo, exigirá una reducción de las ratios máximas y la reversión de conciertos educativos, priorizando así la enseñanza pública frente a la privada.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC), mayoritario en el sector educativo de esta comunidad autónoma, considera una auténtica provocación el borrador de cupos que acaba de presentar la Consejería de Educación, ya que supone la supresión de más de 150 puestos de trabajo en las etapas de Infantil y Primaria. El único argumento que hasta ahora ha ofrecido la Administración es la realidad demográfica, tratando de centrar exclusivamente el debate en el descenso del número de alumnos y alumnas que se incorporan al sistema, en lugar de abordar las dos grandes cuestiones de fondo que gravitan sobre este asunto: las ratios (el número máximo de alumnos y alumnas que puede haber en un aula) y la competencia desleal de la red privada concertada.
El STEC viene impulsando desde hace tiempo una campaña reivindicativa para reclamar una reducción generalizada de las ratios máximas en todas las etapas del sistema educativo. El propio Partido Popular de Sergio Silva recogía esta medida en su programa electoral. Ahora, con más motivo, volveremos a plantearlo en la mesa negociadora del día 13 de julio, a la vista de que las actuales ratios máximas de 25 alumnos provocan la supresión de un ingente número de aulas y, por consiguiente, de puestos de trabajo. En estos momentos, la política de la Consejería consiste en escalar anualmente la ratio máxima de 20 alumnos acordada para el segundo ciclo de educación infantil la pasada legislatura, incorporando cada curso un nivel educativo, por lo que en septiembre esta medida todavía no alcanzará a 5º y 6º de Primaria, dilatando una década el compromiso electoral. Con la propuesta del STEC de hacer extensiva esta reducción a toda la Educación Primaria, se conseguirían dos objetivos: evitar la mayor parte de las supresiones previstas en esta etapa y, al mismo tiempo, dar un paso adelante en la mejora de la calidad educativa.
En concreto, y según los cálculos realizados por este sindicato, si la Consejería aceptara reducir la ratio máxima a veinte alumnos en todos los cursos de Primaria, se evitaría el 90 % de las supresiones contempladas en el borrador de cupos presentado por la Administración. Además, el STEC quiere insistir en que una reducción del número de alumnos y alumnas por aula constituye una medida que favorece importantes cambios y mejoras pedagógicas, así como una atención mucho más personalizada y de mayor calidad.
El STEC quiere trasladar a la opinión pública que la actual situación de descenso demográfico sostenido —circunstancia sobre la que este sindicato viene advirtiendo desde hace años en sus estudios anuales— debe contemplarse como una oportunidad para mejorar el sistema educativo, y no como una excusa para aplicar recortes y ahorrar dinero, que es, en el fondo, lo único que está planteando la Consejería de Educación.
El dinero público dedicado a sostener centros privados se ha incrementado un 5’8 %
Para el STEC, además del descenso demográfico y de las ratios, existe una cuestión de mayor calado político directamente relacionada con todo ello y que también planteará en la reunión de la mesa negociadora del próximo lunes, 13 de julio: la competencia que ejerce la red privada concertada, igualmente afectada por el valle demográfico en el que nos encontramos. Este sindicato se ha opuesto históricamente a que la red privada de centros se sostenga con dinero público; pero, con independencia de este planteamiento, ahora que disminuye el número de alumnos y alumnas por una realidad estrictamente demográfica, la Administración tiene la obligación de reestructurar el conjunto de la red de centros sostenidos con fondos públicos, y no únicamente la de titularidad pública, dejando intacta la de titularidad privada.
La Consejería debe dar explicaciones de por qué aplica criterios restrictivos de ahorro en la red pública mientras presume en sede parlamentaria de que la red privada concertada nunca ha estado mejor financiada. Concretamente, el gasto en conciertos, desde que Silva está al frente de la Consejería de Educación ha pasado de 100,1 millones de euros en 2023, hasta 105,8 en 2025, es decir, se ha incrementado en un 5,8%, unas cifras difíciles de justificar y que no hacen sino evidenciar la apuesta decidida del consejero Silva por la enseñanza privada.
Con todos estos datos y argumentos acudirá el STEC a la mesa de negociación con el objetivo de revertir una propuesta de cupos que resulta completamente inasumible desde cualquier punto de vista.
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