El artículo 27 de la Constitución española consagra la libertad de enseñanza, concepto general e impreciso cuya concreción siempre ha resultado polémica, pero que tradicionalmente viene siendo invocado por las patronales del sector a la hora de exigir a las administraciones educativas el sostenimiento económico de sus centros con dinero público. Afirman los defensores de la enseñanza privada que las familias deben disfrutar de una libertad prácticamente ilimitada a la hora de escoger colegio, de tal manera que este derecho siempre prevalece cuando colisiona con otros. Algunos gobiernos han asumido este argumento hasta el extremo de concertar centros que practican la educación segregada por sexos simplemente porque así lo quieren determinadas familias. Hay quienes no compartimos esta concepción de la libertad de enseñanza y defendemos que los gobiernos no tienen obligación de sostener con los presupuestos públicos los centros de titularidad privada. Sin embargo, este no es el objeto de este artículo, sino la duda de si la actual Consejería de Educación del Gobierno autonómico trata por igual a todo el mundo a la hora de aplicar esta concepción de la libertad de enseñanza.
Hace un año, al consejero Silva no le tembló el pulso para cerrar un colegio público en Castro-Urdiales. Los setenta y dos alumnos y alumnas del Pedregal se repartieron entre los cinco colegios de la villa castreña como quien reparte la mercancía de un almacén. No se tuvieron en cuenta ni los vínculos afectivos, ni la continuidad de un proyecto pedagógico, ni los lazos que unían a la comunidad educativa. Tampoco se tuvo en cuenta la libertad de enseñanza, entendida como ese derecho cuya interpretación no compartimos, entre otras muchas razones porque parece ser prevalente sólo en determinados casos.
Ahora se da una vuelta de tuerca más. Lo que el curso pasado se ensayó como avanzadilla en Castro-Urdiales, quieren extenderlo ahora a toda Cantabria. El departamento que dirige Sergio Silva ha proyectado redistribuir la matrícula entre diferentes centros en todas aquellas localidades en las que exista más de un colegio público. Pongamos un ejemplo: en el caso de un colegio de dos líneas (dos cursos por nivel), si recibe veintidós solicitudes de matrícula en el primer curso de Infantil (que tiene la ratio máxima a 20), en lugar de admitirlas todas desviarán dos a otros centros. El resultado será la constitución de un único grupo con la ratio repleta, en vez de formarse dos grupos con un alumnado más abarcable. De esta manera, ese colegio empezará a perder una línea y, con el paso de los años, habrá reducido a la mitad el tamaño que hoy tiene. Las preguntas se acumulan en cascada: ¿Dónde queda la libertad de elección de centro de esas dos familias? ¿Cómo es posible que, habiendo plazas en el centro escogido en primer lugar, se las desvíe hacia otros colegios? ¿Las familias que escogen el sistema público disfrutan de menos libertad de la que gozan las familias que escogen el sistema privado de enseñanza?
El plan del consejero Silva llega, además, en un contexto de menos alumnado por el desplome demográfico; una realidad que actúa como coartada para justificar los recortes. Las dos cosas juntas van a tener un efecto devastador para la red de centros públicos: hasta ciento sesenta puestos de trabajo de las etapas de Infantil y Primaria se pueden llegar a suprimir ahora en el caso de salir adelante este proyecto, que supondría un recorte histórico, el mayor desde que Cantabria tiene competencias en materia educativa. Para quienes defendemos la enseñanza pública, este contexto demográfico representa una oportunidad accesible para reducir las ratios máximas y, con ello, mejorar la calidad educativa, sin necesidad de realizar una inversión importante. Para quienes nos gobiernan, en cambio, parece ser una oportunidad para recortar: la Consejería de Educación se ahorraría más de siete millones de euros mediante la supresión de ciento sesenta puestos de trabajo en su propuesta de cupos.
El proyecto de recortes que estos días ha presentado la Administración educativa de Cantabria ha dejado al descubierto el verdadero rostro de quienes la dirigen. La retórica en favor de la libertad de elección de centro que tanto cacarean Sergio Silva y su partido desaparece cuando se trata de las familias que eligen un centro público, que por cierto son 3 de cada 4. Lo que solo se reconoce a unos pocos y se niega a la mayoría no es un derecho, sino un privilegio. Más aún: es pura palabrería destinada a ocultar las verdaderas prioridades de este Gobierno: reducir el tamaño de la red pública, favorecer la enseñanza privada y congraciarse con el poderoso entramado de intereses económicos, sociales e ideológicos que la rodea.
Miluca Berberana. Miembro del Secretariado del sindicato STEC.
