La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades lleva todo el verano contando a la sociedad cántabra un hecho que, al parecer, acaba de descubrir. Se trata de un importante declive demográfico que está repercutiendo en la matrícula de los centros educativos, especialmente en las etapas de Infantil y Primaria. Afirma el máximo responsable de este departamento que el descenso de alumnado debe implicar una reducción de puestos escolares. Para el consejero de Educación es muy sencillo: hay menos estudiantes, luego hay que cerrar aulas. No es fácil decidir qué sorprende más: si la simplicidad del argumento o que este repentino descubrimiento de la realidad demográfica de Cantabria se produzca ahora, en 2026, cuando viene siendo algo sobre lo que estamos advirtiendo desde hace una década.
El tono, entre sorprendido y airado, que utiliza Sergio Silva a la hora de anunciarnos el descenso demográfico me recuerda —permítaseme la licencia— a la escena de Casablanca en la que el inefable capitán Renault cierra el Café de Rick diciendo, escandalizado, que ha descubierto que en ese establecimiento se juega. En la inmortal película de Curtiz, todo el mundo sabía, empezando por el propio capitán, que allí se jugaba; lo mismo que en la Administración educativa autonómica todo el mundo sabe desde hace bastantes años que la demografía está empujando a la baja las matrículas de los colegios. Y si en Casablanca el juego fue la excusa para cerrar el Café de Rick, aquí la cuestión demográfica es la coartada para justificar un recorte brutal que se va a llevar por delante más de un centenar de aulas. Alrededor de seis millones de euros es lo que prevé ahorrar la Consejería de Educación con estos cierres; una suma considerable con la que se podría, incluso, comprar un ático de lujo en El Sardinero.
El descenso de la población en edad escolar se puede enfocar como una crisis o como una oportunidad. Puede ser una ocasión para mejorar la calidad del sistema educativo o una circunstancia para hacer caja. Diversas organizaciones llevamos muchos años hablando de estos temas, haciendo análisis, publicando estudios estadísticos y explicando en todo tipo de foros las distintas maneras de acompasar las ratios de las clases a la realidad demográfica. Los que interpretamos esta nueva realidad como una oportunidad para progresar trasladamos el asunto de las ratios a las discusiones que tuvieron lugar en el Consejo Escolar de Cantabria durante la gestación del Acuerdo por la Educación. Aquel pacto escolar, aprobado por todos los representantes de la comunidad educativa en mayo de 2017 y, un año después, ratificado unánimemente por el Parlamento de Cantabria, ya recogió en su epígrafe 4.2.1 que «a lo largo de los próximos años, deberá avanzarse, lo máximo posible, hacia la reducción de las ratios en todas las etapas educativas».
En la pasada legislatura se consiguió abordar una negociación cuyo objetivo fue implementar parcialmente la propuesta genérica de reducción de ratios recogida en el Acuerdo por la Educación. Las aulas del segundo ciclo de Educación Infantil (niños y niñas de 3, 4 y 5 años) estaban en aquellos momentos en una situación muy delicada. Cuando se suscribió, en abril de 2022, el acuerdo de reducción de ratios máximas, las aulas de estos tres niveles de edad llevaban ocho años seguidos perdiendo matrícula (un 23 % menos de alumnado). En aquellos momentos se podía haber optado —como hace ahora esta Administración— por mantener la ratio en 25, con el consiguiente cierre masivo de unidades; pero se optó por lo contrario: aprovechar la coyuntura para, con una mínima inversión, reducir la ratio a un máximo de 20 alumnos y alumnas. Se salvaron del cierre muchas aulas de Infantil y, sobre todo, se ganó en calidad, con unas cifras de alumnado por grupo que empezaron a aproximarse a las de esos países que se ponen como modelo educativo al que queremos parecernos.
Desde entonces se ha intentado, por la parte sindical, alcanzar un pacto similar para el resto de etapas del sistema. La Administración no ha estado por la labor; quizás por eso choca más ese impostado asombro del consejero al hablar de una realidad demográfica que acaba de atraparnos. Me sorprende menos que, al afectar el descenso de la matrícula por igual tanto a la red de titularidad pública como a la privada, la Consejería haya optado por suprimir exclusivamente —como diría el capitán Renault— a los «sospechosos habituales», o sea, a los colegios públicos.
Si hasta ahora el departamento de Educación había enfadado solo al colectivo docente por un conflicto salarial que duró más de un año, a día de hoy también ha conseguido poner en pie de guerra a las familias de los centros afectados por los recortes. Con todo ello, el consejero ha demostrado este verano que no es un político que necesite adversarios: se basta él solo para fabricarlos.
Jesús Aguayo Díaz. Representante del STEC en el Consejo Escolar de Cantabria.
Tribuna publicada en eldiariocantabria.es | Acceder
