Mucho se está hablando de un supuesto adoctrinamiento al que se va a someter durante el próximo curso al alumnado de las enseñanzas de régimen general. Desde los más pequeños hasta los mayores que cursen Bachillerato, todo este alumnado, sería el objetivo de una conjura dedicada a troquelar sus mentes y producir, en una compleja campaña de ingeniería social, una única forma de pensar. La existencia de teorías conspirativas de esta naturaleza, ni sorprende en estos tiempos de bulos, ni debería preocupar mucho, si no fuera porque quien la sustenta – la presidenta de la Comunidad de Madrid – tiene el poder y los instrumentos legales para gobernar. En efecto, lo que da miedo es lo que viene a continuación, porque con la justificación de hacer frente a este hipotético contubernio adoctrinador, anuncian la prohibición de determinados libros de texto.
Tiene cierta ironía que la Comunidad que, al menos hasta hoy, se presentaba como el paladín de las libertades, anuncie la prohibición de libros de texto como su medida estrella en materia educativa. Parece como si algún infiltrado en el equipo de asesores de Ayuso, hubiese ideado el disparate de proscribir libros, para facilitar así que la oposición les recuerde el Índice de textos prohibidos por la Inquisición, las piras humeantes de libros en las plazas alemanas durante el Tercer Reich o la más cercana censura franquista. Las redes sociales estos días están llenas de este tipo de imágenes. No sería riguroso circunscribir el debate sobre los libros de texto al terreno de una confrontación de memes más o menos ingeniosos. Lo que está en juego en la Comunidad de Madrid es algo mucho más serio que todo esto, ya que en esencia lo que se está cuestionando es el contenido de los currículos, o sea, el cómo, el para qué y el qué enseñar.
En primer lugar, llama la atención que una administración educativa identifique el cómo enseñar exclusivamente con los libros de texto. Estos son sólo una herramienta con la que contamos los docentes; pero ni es la única y ni siquiera la más importante. Quienes piensan que prohibiendo ciertos manuales erradican el supuesto adoctrinamiento, no saben que cada vez son más los centros que trabajan por proyectos, elaboran sus propios materiales curriculares y no usan libros de texto. Mucho me temo que cuando salgan de su ignorancia y descubran la realidad actual de muchos colegios e institutos, pasen a censurar también lo que se programa en los documentos oficiales de los centros y, finalmente, lo que el profesorado dice y hace dentro de las aulas.
En segundo lugar, lo que se cuestiona en el fondo es el contenido y la finalidad de lo que se enseña. Para qué enseñamos y qué enseñamos tiene un marco regulatorio, las leyes educativas y los reglamentos que las desarrollan tanto a nivel central como autonómico; pero dentro de este marco básico los centros tienen a su vez autonomía para concretar el currículo hasta construir su propio proyecto educativo. El ejercicio de la autonomía de los centros supone tomar, dentro de este marco legal, muchas decisiones colectivas, entre ellas el uso o no de determinados manuales. Censurar un libro es censurar el conjunto de acuerdos en base a los cuales se han construido los consensos de toda una comunidad educativa. Se argumenta que muchos contenidos tienen un marcado sesgo ideológico; sólo pueden ser abordados en el ámbito privado de las familias y, por tanto, hay que eliminarlos de nuestro currículo para que este sea neutro. Sólo por poner un ejemplo: el profesorado de ciencias tendría que permanecer en silencio ante las preguntas sobre el origen de la vida y la evolución de las especies, nada podría explicar sobre el cambio climático y sus consecuencias, o no debería responder ante las inquietudes de su alumnado acerca de la sexualidad humana. Y así podríamos hacer una relación interminable de temas prohibidos. Una escuela neutral es una escuela silenciosa, es decir, no es una escuela.
Quienes como la señora Ayuso desconfían del profesorado hasta el extremo de ejercer de censores de los manuales que utilizan, deberían antes que nada profundizar mínimamente en la manera cómo se trabaja en el sistema educativo público. El ejercicio libre y responsable de la docencia conjuga varias dimensiones: rigor profesional con pluralidad ideológica, seleccionar sólo contenidos que cuentan con el consenso de la comunidad científica y apertura a todo tipo de corrientes culturales, transmitir los valores y principios mayoritarios en los que se sustenta el progreso de las sociedades occidentales a la vez que se es crítico con ellas. Seguramente que, si los responsables políticos que tanto pontifican acerca del adoctrinamiento bajasen a la realidad de nuestras aulas, se quitasen la venda de los prejuicios y tuviesen un mínimo de honestidad intelectual, iban a dejar de ejercer de censores para en su lugar defender y apoyar presupuestariamente a la escuela pública.
Jesús Aguayo Díaz
Miembro del Secretariado del STEC
