El Juzgado de lo Penal Nº 3 de Santander ha condenado al padre de un alumno de un CEIP de Castro Urdiales a siete meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de las costas del juicio, por un delito de atentado a la autoridad (función docente) con agresión verbal, amenazas y actitud violenta e intimidatoria. Los hechos denunciados por la docente ocurren dentro del centro escolar (cuando estaba prohibido entrar por el estado de pandemia) y en presencia del alumnado y familias.
Mi propósito es dar a conocer a profesorado, equipos directivos y a toda la comunidad educativa, que insultar, amenazar, amedrentar a un/a docente en el ejercicio de su trabajo… es delito, y conductas de este tipo no pueden ni deben quedar impunes. Nos hacemos un flaco favor si no denunciamos.
