Una conocida institución privada de educación superior acaba de publicar un informe sobre el estado de la profesión docente en el Estado español. En él se llama la atención sobre las dificultades que enfrentan los docentes para atender la creciente diversidad de las aulas, así como sobre el estrés laboral, el desencanto ante la falta de políticas públicas de apoyo al profesorado o su escaso reconocimiento social. Como consecuencia de todo ello, el informe alerta sobre un progresivo sentimiento de desafección en la profesión. Diversos medios se han hecho eco del documento, que, por otra parte, corrobora y complementa lo ya expresado anteriormente por otros organismos, que vienen advirtiendo del aumento de los riesgos psicosociales a los que están expuestos los enseñantes. Es, en definitiva, el malestar que se palpa en muchos claustros; una sensación constante desde la pandemia, a veces difusa, pero muy concreta cuando determinados acontecimientos, como los de estos últimos meses, sacuden las conciencias del profesorado.
Aunque en el trabajo de enseñar abundan las vocaciones, las dificultades señaladas atemperan los iniciales y generosos impulsos de muchos docentes vocacionales, convirtiéndolos, con el transcurrir de los años, en simples profesionales que se limitan a cumplir con su deber; ni más ni menos… ¡lo que no es poco! A este catálogo de dificultades habría que añadir una de orden puramente político, relacionada con las ocurrencias de los responsables de la administración educativa. Lo que en ocasiones hacen y dicen estos cargos contribuye, como ocurre ahora en nuestra Comunidad Autónoma, no a mejorar el clima laboral en los centros escolares, sino más bien a lo contrario. Declaraciones del consejero de Educación, contando verdades a medias sobre los salarios del profesorado cántabro o estigmatizándolo como un colectivo absentista y privilegiado, serían dignas de esculpirse en mármoles, como ejemplo futuro de lo que jamás debería hacer un político.
Cerca ya del ecuador de la legislatura, y más allá de la reivindicación de la adecuación retributiva, toca preguntarse sobre distintas actuaciones que, para mal, parecen agolparse en el departamento de Educación durante esta segunda parte del curso. La decisión de cerrar un centro público en Castro-Urdiales, la lentitud a la hora de solucionar el problema del colegio Menéndez Pelayo de Santander, el proyecto de calendario escolar que concitó el rechazo unánime de toda la comunidad educativa, la amenaza de mantener la ratio máxima de veinticinco en el tercer curso de primaria a partir de septiembre o la idea de modificar el Consejo Escolar de Cantabria mediante el aumento de la presencia en él de miembros de la Administración, son sólo algunas de las polémicas que acompañan en estas semanas al consejero Silva, y que se suman al asunto de la adecuación salarial, ya en fase de conflicto laboral. Seguramente, esta última cuestión es la que más está evidenciando la torpeza del consejero a la hora de negociar con la Junta de Personal Docente de Cantabria. En efecto, no es sólo su incontinencia verbal desbarrando en más de una ocasión contra los sindicatos de la enseñanza; son sobre todo actuaciones como las citadas o como la de proponer a las direcciones de los centros que valorasen solicitar la intervención de la policía durante los encierros docentes, lo que ha terminado de enconar unas relaciones con la Junta de Personal que, a día de hoy, parecen muy difíciles de recomponer.
No fue una buena idea nombrar a un consejero con un perfil político bajo como el de Silva. Un sector, el de la enseñanza pública, donde impera una cierta conciencia colectiva de igualdad y un orgullo arraigado por el servicio público que presta; un sector con tradición reivindicativa y con un importante nivel de sindicación, requiere un responsable político con experiencia, con
peso específico en el seno del Gobierno autonómico, que sepa negociar y que no se asuste por tener que hacer concesiones. Otros consejeros, que forman parte de este Ejecutivo regional, sí han tenido la suficiente personalidad como para poder mostrarse flexibles y llegar a acuerdos con sus respectivas juntas y comités de empresa. Habitualmente, perfiles políticos más débiles suelen enrocarse en posturas rígidas en las mesas de diálogo; su inseguridad los lleva a confundir la firmeza que inicialmente todas las partes suelen exhibir en una negociación con la pura intransigencia, y esto acarrea muchos más problemas de los estrictamente necesarios. Probablemente, la presidenta Buruaga ya ha tomado conciencia de la situación y piense que se equivocó con el nombramiento de Silva. Sin embargo, es posible que no quiera hacer ahora cambios al frente de la Consejería de Educación, quizás aferrándose a la vieja fórmula de que, en tiempos de tribulación, es mejor no hacer mudanza. Se equivoca de nuevo: si escoge mantenerse en la tribulación, tarde o temprano, además, tendrá que hacer mudanza.
Jesús Aguayo Díaz. Es representante del STEC en el Consejo Escolar de Cantabria.
