En la evaluación colectiva promovida por el STEC, únicamente aprueba la medida de bajar las ratios, y ningún responsable político consigue hacerlo
Un total de 204 docentes de la Educación Pública de Cantabria, de todas sus etapas y diversas especialidades, han contestado a lo largo del mes de junio al cuestionario promovido por el sindicato mayoritario STEC, que pretende convertir esta evaluación colectiva a las actuaciones de la Consejería y sus responsables, en una tradición democrática: “entendemos que, más allá de votar cada cuatro años, debemos dotarnos de más herramientas de fiscalización de la actividad política que nos afecta, como trabajadores de un servicio público y como sociedad en la que la Educación Pública juega un papel fundamental”.
En la evaluación, el profesorado evaluaba un total de 22 actuaciones promovidas por la Consejería de Educación durante la legislatura que ahora concluye, así como a los distintos cargos políticos. La calificación era cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (incluyendo un comentario de valoración), cabiendo la posibilidad también de abstenerse en caso de no conocerse los detalles o el desarrollo de algún punto del cuestionario.
La bajada de ratios, las plantillas, la gestión de la pandemia y los recursos materiales, lo mejor valorado por el profesorado
La única actuación que para el profesorado de Cantabria merece un aprobado ha sido el acuerdo para la bajada de ratios, que ha redundado en una mejora de la calidad educativa y la creación de nuevos puestos de trabajo. Si la calificación media no va más allá del 5,06 es debido a la lentitud con la que se está extendiendo de la Educación Infantil al resto de niveles y etapas educativas.
También han merecido calificaciones cercanas al aprobado la gestión de la pandemia (4,19) con las medidas de seguridad y los refuerzos aportados; la plantilla docente (4,97) y no docente (4,66) de los centros, así como los recursos materiales (4,76) disponibles en los departamentos. Las medidas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres suspendieron con un 4,01.
La democratización de los centros, la formación, la atención administrativa y a la diversidad, o la educación sobre el patrimonio natural y cultural de Cantabria, dejan amplio margen de mejora
Con un 3,86 ha valorado el profesorado la actuación de la Consejería en relación a la escuela rural, dotada dignamente, que no ha sufrido más cierres pero tampoco las necesarias reaperturas que demandan varios valles. La democratización de los centros (3,32), la formación del profesorado (3,44) y la atención a la diversidad (3,14) también dejan amplio margen de mejora, aunque la recuperación tendrá que ser ya en la próxima legislatura. Lo mismo ocurre con la atención recibida por parte de la Consejería a la hora de comunicarles sus empleados cualquier tipo de consulta o problema, valorada en un 3,49.
Tampoco salen bien paradas la educación medioambiental y para la sostenibilidad (3,41), ni la enseñanza de lo propio, la sensibilización hacia el patrimonio natural y cultural de Cantabria (3,22), frente a lo que pudiera esperarse de una consejería que estuvo en manos regionalistas por primera vez en su historia.
La concertación de la Orientación en los colegios, el papel de Cantabria en el proceso de estabilización y el aumento de la burocracia, las actuaciones con peor valoración
Un 0,63 merece haber quitado la Orientación de los colegios concertados a los equipos públicos, para entregarla a quien contrate la Dirección del negocio educativo, en un ámbito tan sensible que debe mantenerse a salvo del interés económico. También se percibe el hartazgo del profesorado respecto a la burocracia y el papeleo, calificada con 1,04. La política de concertación (subvención) de la red privada de centros también recibe, con un 1,10, un contundente revés.
Otra actuación que ha generado un gran rechazo (1,19) durante la legislatura es la seguida en relación a los procesos de estabilización del personal interino, desastrosos para Cantabria, contra los que impulsamos la campaña #EstabilizaciónEnNuestraTierra. Por su parte, la implantación autonómica de la LOMLOE también ha sido muy mal calificada, con 1,63.
Igualmente, suspenden de manera flagrante la prevención de riesgos laborales y la salud del profesorado (2,71); la gestión de personal (2,85), especialmente en lo que tiene que ver con la publicación de convocatorias, baremaciones, plazos, adjudicaciones, etc.; las condiciones de los servicios complementarios (refuerzo educativo PREC, auxiliares lingüísticos, limpieza… muchos de ellos «externalizados») y las condiciones laborales de las TSEIs, con un 2,28 y 2,38 respectivamente.
Mercedes García y la propia Marina Lombó, las responsables políticas peor valoradas
La Directora General de Innovación e Inspección Educativa, María Mercedes García, con 1,99 de valoración del profesorado de Cantabria, es la política peor valorada de las que han ocupado un cargo en la Consejería estos últimos años. Entre los comentarios cualitativos, coincide la escasa productividad de su desempeño, los escasos avances y haber favorecido a la privada-concertada.
La propia Consejera, Marina Lombó, suspende igualmente de manera flagrante, con 2,01. Las argumentaciones más frecuentes aluden a la falta de un proyecto educativo global, a su intolerancia negociadora, la cobardía en la defensa del personal interino de Cantabria, los conciertos educativos, las condiciones de las TSEIs, la pérdida de poder adquisitivo del profesorado por la congelación salarial o la “traición” de no haber recuperado la reducción lectiva para mayores de 55 años.
La Secretaria General, Florentina Alonso, obtiene un 2,58. También es la política menos evaluada, porque bastantes docentes reconocen desconocer sus funciones y su desempeño.
Francisco Javier Gutiérrez Herrador, responsable de Personal y Ordenación, ha sido calificado con 2,93. Su papel en la nefasta estabilización, la congelación de los salarios, la precariedad en la prevención de riesgos, inspección médica y salud laboral, o los déficits del currículo cántabro se repiten entre los comentarios.
Jesús Oria es el segundo cargo con mejor valoración, aunque con un 3,01. Entre sus puntos fuertes se cita el talante y algunas obras de mejora de las infraestructuras en los centros. Entre las críticas, son abrumadoras las referencias a los conciertos educativos.
El Director General mejor valorado ha sido el responsable de la Formación Profesional, Ricardo Lombera, con un 3,41. Se valora su buen talante, aunque se le reprocha la lentitud en el desarrollo de la integración y no haber equiparado salarialmente a quienes realizan el mismo trabajo, mediante un complemento autonómico.
