Es probable que la opinión pública no termine de hacerse una idea cabal acerca de lo que está pasando en el enfrentamiento que, desde hace casi un año, mantienen el profesorado de la enseñanza pública de Cantabria y la Consejería de Educación. Si ya es difícil comprender que un conflicto de esta naturaleza se prolongue durante tantos meses, más complicado resultará asimilar que el curso escolar arranque sin un acuerdo, cuando en bastantes medios se ha instalado la idea de que éste estaba muy próximo, a falta sólo de unos pocos flecos. Convendría, pues, aclarar qué flecos quedan pendientes y si hay cuestiones de otro calado que dificulten o impidan poner fin al conflicto.
La Junta de Personal Docente flexibilizó sus posturas aceptando una cantidad de subida general y lineal por debajo de sus pretensiones iniciales. También accedió a modificar los sexenios (un complemento con el que se retribuye la realización de determinadas actividades formativas cada seis años), siempre y cuando hubiese correlación entre el incremento del número de horas de formación exigidas y su remuneración. Hasta aquí, los acuerdos; a partir de ahora, las discrepancias: desde la bancada sindical no se puede asumir que el último plazo de la parte lineal y general de la subida se demore hasta septiembre de 2029, y sin actualización del IPC, ni que lo correspondiente a los sexenios retrase su inicio hasta septiembre de 2027. No es razonable que la mayor parte de un hipotético acuerdo tenga que asumirla, no el actual Gobierno de Cantabria, sino el que surja tras las próximas elecciones autonómicas.
Si profundizamos más en los sexenios, veremos que existen también importantes desacuerdos no solo en la fecha de implementación, sino en las cuantías económicas de los mismos, en el número de horas de formación que pretende imponer la Consejería, o en el hecho de que los docentes mayores de 55 años que estén acogidos a una sustitución parcial de su jornada lectiva tengan que renunciar a ella para cobrar el quinto y último sexenio. Las discrepancias continúan en este asunto porque la Consejería distribuye el incremento de este complemento por formación acumulando más del 50% en el quinto sexenio, de tal forma que un docente sin antigüedad deberá esperar la friolera de treinta años para que esta mejora salarial tenga una repercusión significativa en su nómina.
Por otra parte, la Consejería se obstina en sostener una serie de cuestiones en la redacción de un posible acuerdo que ponen muy difícil concluir su negociación con una firma. No es de recibo que, tras la polémica que en su día generó la propuesta de que fuese la Administración educativa la que dictase qué cursos de formación había que realizar, mantenga en este punto una redacción calculadamente ambigua, generadora de dudas y sospechas. Tampoco es comprensible que en un pacto salarial se introduzca el tema de las bajas del profesorado, deslizando veladamente una acusación que ya explicitó claramente durante el debate público: el profesorado es un colectivo absentista. Para colmo, concluye con la advertencia de que todo el acuerdo queda condicionado a la aprobación de los correspondientes Presupuestos Generales de Cantabria. Cuesta imaginar que haya algún sindicato capaz de suscribir un documento que corre el peligro de transformarse en papel mojado, ya que su aplicación quedaría supeditada a cómo concluya cada año la cuestión presupuestaria de un Gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento o, lo que es peor, que convierte al profesorado en rehén de los grupos políticos llamados a apoyar dichos presupuestos. Categorizar como simples “flecos” todas estas discrepancias no parece muy preciso.
Por último, resulta muy llamativa la estrategia mantenida por el consejero en todo este proceso, procurando, con todo tipo de argucias, dilatar la negociación hasta llevarla al verano. No resulta fácil llegar a acuerdos con quien concibe el diálogo como una treta para ganar tiempo de manera permanente. Tampoco ayuda la hostilidad que demuestra hacia las organizaciones sindicales en los medios y en redes sociales, ni lo chirriantes que resultan sus apelaciones al diálogo mientras hace méritos ante el sector más duro de su partido, enrocándose en posturas rígidas. Tanto es así que se han vivido situaciones tan paradójicas como negarse a acudir a una reunión planteada desde la Junta de Personal y, al mismo tiempo, afirmar públicamente que tiene una disposición total al diálogo.
Todo ello nos hace dudar de qué es lo que realmente persigue Sergio Silva. Quizás crea que prolongar indefinidamente el asunto salarial le ofrece ventajas tácticas para no abordar otros temas cruciales – la reducción de ratios en todos los tramos del sistema, por ejemplo-, que forman parte de los deseos y preocupaciones de la comunidad educativa, pero que solo parecen estar presentes en la agenda sindical. Si esto es lo que de verdad piensa el consejero, le está haciendo un flaco favor a la enseñanza pública, y el profesorado no lo va a consentir.
Miluca Berberana.
Miembro del STEC y de la Junta de Personal Docente de Cantabria
