Diegu San Gabriel López
(Secretariado del STEC)
PP y Vox han aprobado en el Parlamento que el Gobierno de Cantabria beque el Bachillerato en la Educación Privada. Ante el llamativo desenfreno del partido ultra por concertar directamente toda la etapa postobligatoria con los institutos privados (destinando para ello alrededor de 7 millones de fondos públicos); el PP, con su peculiar “moderación”, hizo una enmienda para “Llevar a cabo un estudio particular sobre los datos de matriculación en cada uno de los centros privados de Cantabria […] a fin de ofrecer facilidades en la matriculación en el Bachillerato a estudiantes pertenecientes a familias que, al no contar con recursos económicos suficientes, podrían verse privados de continuar su formación en el mismo centro”.
Ya en el mes de julio, recién aterrizado en el Gobierno, el Consejero Sergio Silva había manifestado su “intención de estudiar una situación relativa a los alumnos que llevan toda su escolarización en un centro concertado y al final de su enseñanza obligatoria se ven obligados a cambiar de centro por causas económicas. Queremos dar prioridad a su continuidad pedagógica». En resumidas cuentas, el planteamiento es que tenemos que pagar con fondos públicos los estudios postobligatorios de las familias que eligen la privada, para que cursen todo en el mismo centro.
Sin embargo, la realidad es que cambiar de centro no contraviene la continuidad pedagógica, ni supone problema alguno hacerlo con 16 años. En nuestro sistema educativo, cuando se promociona de una etapa educativa a otra, hay establecidos múltiples mecanismos e instrumentos que garantizan una correcta transición. Cambiar de centro es algo que hace todo el alumnado de la red pública (la que eligen tres de cada cuatro familias en Cantabria) al pasar de Primaria a la ESO. Y en muchas zonas rurales con colegios (Oreña, Villasuso de Cieza, Escalante, Somahoz, Cartes, Mogro, Arenal de Penagos…) o institutos (Ramales, Cortiguera, Alceda…) pequeñucos, el alumnado cambia de centro hasta en tres ocasiones. ¿Desde cuándo constituye esto un problema? ¿Va a destinar la Consejería recursos públicos a “solucionarlo” en centros privados mientras se mantiene en los públicos?
Yo he sido profesor de Bachillerato de alumnado que provenía de hacer la ESO en un centro privado concertado. Y puede ser cierto que suponga un cambio para ellos, pasar de ser tratados como clientes de una empresa a ser usuarios de un servicio público, de estar en cierta burbuja social a convivir con la diversidad propia de nuestra realidad. Pero es un cambio positivo, oportuno, de contacto con el mundo real, y así acababan sintiéndolo.
Antes de ser profesor, fui alumno de un instituto al que llegaban compañeros con Inglés aprobado del colegio “de monjas” sin saber siquiera decir “hello”. Y ese alumnado necesita apoyo, pero otro distinto que el de aprobar por decreto porque sus familias sean buenas contribuyentes a los fondos del colegio. Lo que ocurre cuando se introducen intereses crematísticos en sectores como la Enseñanza, es que el aprendizaje acaba pasando a un segundo plano ante los beneficios empresariales. Y eso constituye un drama y un fraude.
Lo que las derechas pretenden en Cantabria, como ya han hecho en Madrid, es habilitar un nuevo carril privado, de pago pero becado, por el que el alumnado pueda recorrer todo el sistema educativo sin disfrutar esa diversidad docente que caracteriza a la Pública, sin conocer la variedad de ideas y sentires que reflejan las aulas públicas, y sin ser evaluados y calificados por el sistema Público. Así, habrán cerrado el círculo del fraude que afloró con los masters privados que se aprobaban sin cursarlos y que se evidencia estadísticamente cada año cuando contrastamos las notas propias de los centros con las de las pruebas de la EBAU. El curso pasado, el Defensor del Pueblo de Navarra tuvo que denunciar que institutos del Opus Dei inflaban las notas de Bachillerato, lo que constituye un grave fraude a la igualdad de oportunidades. De ahí a la universidad privada y ya tienen toda la titulación media y superior garantizada por su dinero, sin ningún tipo de control público.
Hay que decir alto y claro que no aceptamos más privilegios, ni más desvío del dinero de todos y todas a negocios educativos privados, con la necesidad de recursos que tenemos en un sistema público que ofrece suficiente oferta pero aún mantiene ratios inabarcables, carencias en plantillas como la de Atención a la Diversidad, familias con dificultades para hacer frente al pago de libros, alumnado rural que no tiene garantizado el transporte escolar para sus estudios postobligatorios… y jóvenes que cambian dos y hasta tres veces de centro a lo largo de su vida académica, aunque hasta hoy que lo han decidido en el Parlamento no supiéramos que fuera un problema.
