El 18 de junio de 2021, el STEC convocaba en Cantabria (y la Confederación Intersindical en el conjunto del Estado) una huelga contra el Real Decreto-Ley que impulsaba el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, con el que se pretendía estabilizar las plazas ocupadas por personal interino en el sector público. Lo que se conoció vulgarmente como “icetazo” y que, en el trámite de convalidación parlamentaria, terminó derivando en la actual Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, fueron los polvos iniciales que han derivado en los actuales lodos. Desde aquella huelga han pasado dos años de pelea sindical, de negociaciones infructuosas y de picar en las puertas de unos políticos que no han estado a la altura que exigía un proceso en el que tanta gente se jugaba tanto. La administración española ha abusado durante lustros de la temporalidad en la contratación de su personal y ha actuado de forma contraria al derecho de la Unión al contravenir el Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada; pero ahora, en la solución que ha implementado, ha terminado castigando a buena parte de las víctimas de las que antes abusó.
Más de dos tercios de las plazas docentes ofertadas en el proceso de estabilización de Cantabria han sido ocupadas por personas provenientes de otras Comunidades, por lo que buena parte de nuestro colectivo interino se verá expulsado del sistema o condenado también a la emigración forzosa a otras CC.AA. Una injusticia desde el punto de vista laboral y un disparate educativo en el que cientos de docentes formados aquí, de probada experiencia, que conocen nuestra realidad, se ven desplazados por otros que desconocen nuestro currículo y que son ajenos al sistema educativo cántabro. A este traumático final hemos llegado porque muchas cosas han fallado por el camino. Describámoslas.
El modelo de estabilización para el personal interino que impuso el Ministerio de Educación no solamente incluía un baremo injusto y caprichoso, sino que tenía un grave defecto estructural: optó por un método centralizado que priorizaba el acceso a un cuerpo docente estatal, frente a otros modelos que hubiesen sido más respetuosos con la realidad de unas competencias educativas plenamente transferidas a las CC.AA. desde hace décadas. Algunas administraciones autonómicas reaccionaron escamoteando las plazas que la Ley 20/2021 obligaba a ofertar en un concurso de méritos, por lo que, con independencia de la litigiosidad que esta actuación al margen de la ley ha desencadenado, se ha producido un efecto dominó que ha terminado perjudicando a los territorios vecinos. Efectivamente, la actuación bordeando la legalidad de estas consejerías de Educación ha provocado un éxodo de personas interinas que han terminado estabilizándose en otras CC.AA. Conscientes de las gravísimas consecuencias que esto iba a traer, actuamos legalmente interponiendo un recurso en el Tribunal Supremo e iniciamos una ronda de entrevistas políticas. Cuando nos reunimos con el Ministerio, pude comprobar personalmente cómo tanto el subsecretario como el secretario general técnico, de forma bochornosa, se lavaban las manos ante lo que estaba pasando. Nada hizo la portavoz socialista de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, con la que también estuvimos reunidos. De nada sirvieron las sucesivas entrevistas que mantuvimos en Cantabria con el vicepresidente del gobierno regional, con la delegada del gobierno, con el senador autonómico, con parlamentarios de la oposición que no quisieron presentar una PNL defendiendo al colectivo interino cántabro; ninguna respuesta dio el presidente del Gobierno de Cantabria a las 534 cartas que le enviaron personas interinas en el marco de la campaña que pusimos en marcha bajo el lema “estabilización en nuestra tierra”.
Todos fallaron, también la Consejería de Educación, incapaz de tener voz propia en el seno de la Conferencia Sectorial. El Departamento de Educación de Cantabria no se atrevió a desmarcarse de las directrices ministeriales como hicieron otros territorios (Canarias, por ejemplo) sino que optó por lo cómodo, es decir, subirse al barco en el que navegaba la mayoría de Comunidades, incluidas aquellas que eran desleales con el resto, y que tanto nos perjudicaban. Ni siquiera quiso poner en funcionamiento una medida que paliase el efecto llamada, como la de establecer un acto presencial obligatorio para aquellas personas que participasen en el proceso de estabilización en Cantabria, tal y como reivindicábamos el pasado 18 de octubre cuando nos manifestábamos frente a la Consejería.
Ahora toca gestionar los restos del naufragio: negociar unas plantillas de profesorado generosas y así aliviar unas listas de interinidad muy tensionadas; instar al pago de las compensaciones económicas que la Ley 20/2021 establece para las personas interinas que se van a quedar paradas; y buscar soluciones para que quienes han terminado estabilizadas fuera y quieran volver a su territorio de origen no tengan que esperar hasta 2027, una vez resuelto el concurso general de traslados de ámbito estatal que se convoque dentro de tres años.»
Jesús Aguayo Díaz
Miembro del Secretariado del STEC
