Si la política, según Groucho Marx, es el arte de encontrar problemas, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados, hay que reconocer que los actuales responsables de la Consejería de Educación son unos auténticos artistas. El largo conflicto que está viviendo la enseñanza pública de Cantabria es un ejemplo perfecto de cómo determinados políticos pueden buscar problemas por todas partes y luego dificultar durante meses su solución. En anteriores adecuaciones retributivas —y ya ha habido tres en Cantabria— las negociaciones duraban como máximo tres o cuatro semanas y se plasmaban en un sencillo documento de apenas dos folios. Ahora asistimos a un proceso que va camino de cumplir un año, con unos documentos que poco tienen que ver con los de épocas pasadas: el último borrador de acuerdo cuenta con nueve folios solo aptos para iniciados, llenos de literatura y letra pequeña. Todo muy complicado.
El periplo negociador por el que está pasando la Junta de Personal Docente está siendo una auténtica odisea. Hemos visto capítulos en los que el consejero no quería reunirse o, si lo hacía, era para decir que en estos Presupuestos no hay dinero y que mejor ya hablamos el año que viene; o capítulos en los que se discutía de lo que se iba a discutir, de en qué tejado estaba la pelota o si eran los sindicatos quienes tenían que hacer una propuesta… ¡Agotador! Y por el camino, escollos que había que sortear y que crispaban al profesorado: pagar menos a los docentes que caigan enfermos, imponer desde la Consejería los cursos concretos de formación, o no abonar el último sexenio al profesorado mayor de 55 años cuando disfrute de una sustitución parcial de su jornada lectiva. Y así un largo etcétera de problemas que se iban encadenando a medida que se solucionaban los anteriores. La estrategia del departamento de Educación convirtió la negociación en una suerte de sudario de Penélope, de tal manera que lo que el diálogo tejía durante el día, se destejía durante la noche. En definitiva, la Administración ha seguido un método negociador errático, rígido e imprevisible; tres vectores muy difíciles de combinar, pero que, en las raras ocasiones en que actúan de forma yuxtapuesta —como ha venido ocurriendo aquí—, tienen un efecto letal en cualquier negociación.
Y, a pesar de todas las dificultades, el pasado 28 de agosto, y contra todo pronóstico, se produjeron importantes aproximaciones entre las partes. La posibilidad de un principio de acuerdo estaba muy cerca, pero en el último momento surgió el escollo de condicionar la implementación de lo pactado a la aprobación de los sucesivos Presupuestos Generales de Cantabria. Sergio Silva hacía así una última pirueta con la que pretendía cerrar el conflicto sin asumir compromisos; al contrario, trasladaba a otros grupos parlamentarios la responsabilidad de cumplir con lo él que firmaba. Si algún error ha cometido la Junta de Personal Docente ha sido subestimar la torpeza de esta Consejería, porque, si algo es imposible de firmar, es precisamente una cláusula final que deja sin efecto todo lo acordado previamente. Y así, después de tanto remar, de una travesía tan azarosa como la de Ulises de regreso a Ítaca, la negociación terminó naufragando en la orilla.
A escasos días de una huelga en la enseñanza, hay que preguntarse si quedan posibilidades de resolver el conflicto. Tanto el profesorado de Cantabria, que ha elevado la calidad de nuestro sistema educativo hasta ponerlo a la cabeza del Estado español, como el conjunto de la comunidad educativa, esperan y se merecen una solución. Es la hora de la política en su mejor acepción (no como la concebía Groucho Marx), es la hora de que la presidenta de Cantabria dé un paso al frente y solvente este último y principal escollo. Quien dirige el Ejecutivo cántabro no puede dejar pasar la oportunidad de resolver este problema facilitando que se
pueda suscribir un acuerdo que parece bastante maduro en su contenido, pero que adolece en estos momentos de garantías formales de cumplimiento. Después de todas las movilizaciones que tuvieron lugar a lo largo del curso pasado, no resultará fácil explicar a la opinión pública que la presidenta de nuestra Comunidad no hizo nada para evitar su repetición. Tampoco será fácil justificar que se imponga a los docentes la condición de la aprobación de los Presupuestos Generales para cobrar lo acordado, cuando este mismo Gobierno no se la puso en recientes acuerdos a otros colectivos profesionales dependientes de él, como ha sido el caso de Sanidad o el de Justicia. En fin, es la hora de que la presidenta de Cantabria actúe. Por lo que haga en estos días cruciales será recordada en el futuro, para bien o para mal, en nuestros colegios e institutos.
Jesús Aguayo. Miembro del STEC y del Consejo Escolar de Cantabria.
