Este decreto de servicios mínimos impone un aumento de más del 60% con respecto a los decretados el pasado 3 de abril. En la huelga anterior alrededor de 1000 docentes fueron obligados a ser servicios mínimos, y en esta ocasión se aumenta esa cantidad hasta superar los 1700.
Además conviene no olvidar que la huelga que inicialmente planteó esta Junta de Personal para los pasados días 21 y 22 de mayo fue “torpedeada” por la administración, que con posterioridad tuvo que reconocer su error al “rechazar” dicha convocatoria, obligando a la Junta a trasladarla a los días 28 y 29 para garantizar la seguridad jurídica de la misma.
La Junta de Personal Docente ha presentado un recurso contra la publicación del decreto que regula los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Educación para los días 28 y 29 de mayo, fechas en las que está convocada una huelga del profesorado.
Dicho recurso se fundamenta en que los servicios mínimos impuestos son absolutamente abusivos, ya que obligan a todo el profesorado de Bachillerato que imparta clase a alumnado que se presenta a la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) a ejercer como servicios mínimos. Esta imposición vulnera de forma flagrante el derecho fundamental a la huelga, un pilar básico de cualquier sistema democrático.
El argumento utilizado por la Consejería —la supuesta necesidad de proteger al alumnado que se presenta a la PAU— carece de fundamento. A estas alturas del curso, los alumnos ya están perfectamente preparados gracias al compromiso y la profesionalidad del profesorado, que se implica con todo su alumnado, con independencia del nivel educativo. Además, durante la jornada de huelga del pasado 3 de abril también había alumnado que se examinaba de la PAU y no se impusieron unos servicios mínimos de estas características. Por lo tanto, este argumento cae por su propio peso.
La Consejería de Educación ha adoptado una postura autoritaria al tratar de imponer unos servicios mínimos desproporcionados que atentan contra un derecho constitucional. Ante esta situación, la Junta de Personal Docente expresa su más firme rechazo a la decisión adoptada y denuncia su carácter arbitrario y abusivo.
La Junta de Personal Docente quiere dejar claro que no se va a doblegar ante esta medida impuesta de forma unilateral por la Administración. Mantiene su firme compromiso con la convocatoria de huelga y continuará adelante con las movilizaciones hasta que la Consejería de Educación presente una propuesta que responda adecuadamente a las necesidades salariales del profesorado.
Después de 17 años de espera por una retribución justa, entendemos que el momento de exigir lo que nos corresponde es ahora. Por todo ello, animamos al conjunto del profesorado a secundar la huelga y a defender sus derechos de forma activa y decidida.
La Junta de Personal Docente anima a la sociedad en general a participar en esta reivindicación en defensa de la Enseñanza Pública de Cantabria y del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
