Neolengua en la Consejería de Educación

El lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades. Así se expresaba en 1946 Geroge Orwell en un ensayo sobre la política y la lengua. Tres años después, esta idea cobraba forma literaria en una de sus libros más leídos, 1984. Tal fama alcanzó aquella novela que todavía hoy seguimos utilizando el término “orwelliano” para categorizar aquellos discursos en los que se hacen afirmaciones que no guardan ninguna relación con la realidad, y en los que se produce tal distorsión del lenguaje que las cosas se terminan nombrando por su contrario.

 Una sensación de estar releyendo fragmentos de 1984 es la que he tenido al ojear la tribuna que ha publicado recientemente en este medio el consejero de Educación, Sergio Silva.  Habla del profesorado cántabro en términos elogiosos, afirma que su política pone al docente como eje de sus decisiones y que quiere sacar adelante, “entre todos”, un proyecto de ley sobre la autoridad del profesorado. La realidad es que lleva más de un año desprestigiando a este colectivo, casi cuatro meses sin reunirse con sus representantes y tomando todas sus decisiones contra la voluntad de estos. La realidad es que el consejero se ha dedicado a referirse a los docentes de Cantabria como un gremio privilegiado; no ha dudado en contar a medias – la peor de las mentiras – nuestros sueldos para hacer creer a la sociedad que éramos los mejor pagados del Estado y nos ha tildado de colectivo absentista, hasta el extremo de pretender pagar menos a aquellos que cayesen de baja.

Si en la novela de Orwell al ministerio que se encargaba de administrar la escasez y el racionamiento se le llamaba el Ministerio de la Abundancia, en la tribuna de Silva se dice que ha recuperado la posibilidad de que los docentes mayores de 55 años sustituyan parte de su jornada lectiva por otras actividades; no cuenta que, de los 1.416 enseñantes que podrían disfrutar de esta medida en este curso, solo lo hacen 95. No llegan al 7%. Quizás para la Consejería de Educación el 7% sea abundancia.

La manera como se expresa el consejero en el punto relativo a la adecuación salarial es todo un ejemplo de ambigüedad, eufemismo y deformación del lenguaje: pura neolengua. Cualquier persona ajena al conflicto salarial del sector docente, al leerlo, llegará a la conclusión de que el problema ya estaba resuelto, se deshacía así un agravio histórico y se satisfacía una deuda de 17 años. Solamente la incomprensible actuación del resto de fuerzas políticas – todas culpables, salvo el PP – ha impedido que esta historia tenga un final feliz.  La realidad es la contraria: el profesorado cántabro no hemos cobrado en enero ningún plazo de la adecuación salarial porque el Gobierno de Cantabria, simple y llanamente, no ha querido. No ha habido voluntad política para ello; al revés: la voluntad ha sido instrumentalizar este tema para presionar a los demás partidos a la hora de negociar los Presupuestos y, llegado el caso, desgastar a la oposición haciéndola cargar con las culpas de una responsabilidad que sólo es del Gobierno. Prueba de ello es que los acuerdos salariales de otros colectivos profesionales dependientes del Gobierno de Cantabria, cuya implementación se está produciendo ahora, no están condicionados a la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Y, en el colmo de ese universo orwelliano donde está instalada la Administración educativa, el consejero se saca de la chistera el conejo de la Ley de Autoridad del Profesorado, presentándola como algo demandado por los docentes para mejorar la educación de Cantabria. A tenor de estudios y recientes encuestas que analizan las preocupaciones de los enseñantes, no parece que este asunto, aun siendo importante, sea de los más prioritarios en estos momentos; pero, de nuevo, también en esto la realidad camina por un lado y el discurso por otro. Cuestiones como la asfixiante burocracia que atenaza a diario la labor educativa o la reducción de las ratios máximas en todos los tramos del sistema aparecen en primer lugar entre las demandas más urgentes formuladas por el profesorado. De esto no se habla y, en su lugar, la Consejería prefiere abrir discusiones como la de la autoridad del profesorado, pero, además, haciéndolo de manera muy desacertada: confunde auctoritas con potestas, lo mezcla con la convivencia escolar e introduce conceptos legales llenos de aristas, como la presunción de veracidad. El resultado de semejante cóctel es imprevisible y peligroso en la medida que puede derivar en una colisión entre diferentes sectores de la comunidad educativa. Si esta colisión no se produce, no será por la finura – es ironía –  que caracteriza a los actuales dirigentes de la Consejería de Educación, sino por la prudencia de los representantes de estos sectores, a los que nos une el objetivo común de defender un modelo de enseñanza pública de calidad.

Miluca Berberana

Miembro del Secretariado del STEC