Por una escuela pública y laica

HACIA LA PLENA LAICIDAD DEL ESTADO Y DE LA ESCUELA

Las organizaciones sociales, políticas y sindicales que suscriben esta declaración hacen un llamamiento a los partidos políticos, al Poder Ejecutivo y Legislativo, al Ministerio de Educación, a las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, a la comunidad educativa y a la sociedad en general, en orden a hacer efectivo el objetivo democrático de lograr la plena implantación del principio de laicidad en el sistema educativo, a fin de preservar la libertad de conciencia del alumnado y la no segregación por motivos ideológicos o culturales en el ámbito escolar.

En el marco de esta campaña, que tiene ya más de 20 años, se han llevado a cabo múltiples iniciativas, interpelaciones políticas y propuestas legislativas ante cada uno de los gobiernos de turno y ante el propio Congreso de los Diputados, sin que las coincidencias de planteamiento hayan culminado –hasta ahora- en normas legales capaces de garantizar la plena laicidad del sistema educativo.

En ese contexto reafirmamos hoy de nuevo la vigencia de la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Educación del Congreso el 22 de febrero de 2018, como consecuencia de una iniciativa de esta Campaña unitaria, instando al Gobierno a:

1. Garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar.
2. Denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al Gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato.

Lamentablemente, esta Moción no fue tenida en cuenta por el Gobierno, ni reclamada por parte de ninguno de los Grupos parlamentarios que en su día -estando en la oposición- la aprobaron en la Comisión de Educación.

El ascenso de los partidos de las derecha convencional y la irrupción de la extrema derecha en determinados parlamentos y Gobiernos autonómicos están acentuando los procesos de mercantilización y privatización de la enseñanza, tanto por la vía de la precarización de lo público como a través de medidas de apoyo preferencial al sector privado, en su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia Católica. Por otra parte, se sigue manteniendo en los centros escolares públicos a personas designadas por los obispos con la misión de impartir clases de religión para cristianizar a la comunidad educativa y hacer proselitismo religioso. Una práctica que cada vez más se constata también en los centros públicos con representantes de religiones minoritarias, también con el propósito de hacer proselitismo.

Todo ello conlleva un doble y grave perjuicio para el alumnado que, por un lado, es segregado por motivos ideológicos desde edades muy tempranas (desde los tres años), vulnerando diversos convenios de la Infancia, y por otro, incrementa la segregación por motivos económicos y sociales consecuencia de las políticas de privatización.

También nos preocupa la aplicación de la alternativa que se está dando por parte de las diferentes Comunidades Autónomas y de los centros (en su autonomía), a quienes no solicitan religión.

Ante esta deriva de privatización, mercantilización y confesionalidad del Sistema Educativo, las entidades que más abajo se relacionan, preocupadas tanto por la retrograda irrupción de la extrema derecha en el ámbito autonómico y municipal, como por la inacción del gobierno de coalición, que parece haber abandonado el horizonte de una escuela pública y plenamente laica, mantenemos con toda firmeza nuestra lucha por:

1. Garantizar la plena laicidad de la enseñanza, para lo cual es preciso:
   
   • Sacar la religión confesional de la enseñanza, de forma inmediata.
   • Dejar de financiar con dinero público el adoctrinamiento religioso en cualquier centro escolar.
   • Potenciar la Red Pública de Enseñanza, como fundamental para vertebrar el Derecho a la Educación de todos y todas, y eliminar de forma progresiva los conciertos educativos.
2. Derogar los Acuerdos con el Vaticano, basados en acuerdos predemocráticos, por constituir la base “legal” de los privilegios que hoy tiene la Iglesia Católica dentro del sistema educativo, a pesar de haberse producido un progresivo rechazo social y político a sus contenidos antidemocráticos. De igual forma debe procederse a la anulación de Acuerdos con otras confesiones en los que se establece la posibilidad de impartir religión en la escuela.

Por todo esto, exigimos al Gobierno COMPROMISOS para salvaguardar los principios constitucionales basados en los Derechos de la Infancia más elementales, como es preservar la libertad de conciencia y la no segregación por motivos ideológicos y sociales en el ámbito escolar, lo que implica actuaciones políticas y medidas legislativas efectivas para fortalecer la red escolar de centros públicos y sacar la religión del sistema educativo.

Dado el inmovilismo del Gobierno, anunciamos que iniciaremos una ronda de contactos con representantes de Grupos Políticos, con el fin de reivindicar la vigencia de la PNL de 2018 y exigir medidas legislativas que avancen hacia la consecución de la plena laicidad del Estado, con especial urgencia en el ámbito educativo.