En la propuesta de plantillas que ha enviado la Consejería, se reflejan las necesidades que llevamos tiempo poniendo encima de la mesa, que siguen sin afrontarse, e incluso alarmantes retrocesos en las que ya entendíamos atendidas, lo que evidencia que tenemos que estar vigilantes y reivindicativos en todo momento para evitar la tijera.
Esta plantilla jurídica docente se enmarca un contexto demográfico delicado, agravado por el inmovilismo de los gobernantes para extender la bajada de ratios a las demás etapas. No solo no avanza, sino que la propuesta de la administración de Silva se calcula para una ratio máxima de 25 en Primaria (cuando los grupos de 1º, 2º y escalando ya la tienen a 20), y para una ratio en Bachillerato de 32 (cuando el curso pasado era de 30). Así mismo, en FP, no se tienen en cuenta ahora las horas de los ciclos con menos de 12 alumn@s en Santander o Torrelavega, y con menos de 8 alumnos en el resto del territorio cántabro (ahora es de 6 alumnos en toda la Comunidad).
El resultado de esto es que el planteamiento de la Consejería, apoyado en el descenso de matrícula, es perder 7 plazas de Maestr@s, 12 grupos de E.S.O. y 4 de Bachillerato. Y esto no va a ir sino a más, si no hay avances en la inaplazable extensión de la bajada de ratios.
Las supresiones, por cierto, se ceban especialmente con la escuela rural que discursivamente se dice cuidar. De las 37 plazas que pretenden suprimir en Ed. Infantil y Primaria, un tercio son en poblaciones pequeñas, ¡incluso hay 2 en centros rurales (Polaciones y San Pedro del Romeral) donde es la única plaza jurídica que existe!
Desde STEC, venimos defendiendo una propuesta de plantilla jurídica que aporte estabilidad a los claustros, para poder desarrollar proyectos en los centros a más largo plazo. Por ello, siempre intentamos promover la creación de plazas (en especial los años correspondientes a concursos autonómicos), fijando puestos de trabajo necesarios y evitando supresiones precipitadas que luego son complicadas de revertir. Sigue habiendo centros donde hay una mayoría de docentes sin plaza.
En definitiva, desde el STEC proponemos:
- Negociar los criterios para establecer la plantilla jurídica de los centros. Desde el STEC reivindicamos la necesidad de negociar y acordar criterios más allá de la pura aplicación a rajatabla de la normativa de ratios máximas, teniendo en cuenta por ejemplo la atención a la diversidad, con el objetivo de que la plantilla jurídica se aproxime más a la funcional (cupo).
- Extender la reducción de las ratios máximas a todas las etapas, para que el valle demográfico produzca una mejora de la calidad y no una pérdida de recursos educativos.
- La creación de plantillas tipo para todos los centros ordinarios. No hay un criterio objetivo generalizado para dotar de plantilla a los centros, lo que genera desigualdades en los recursos humanos de los distintos centros públicos, según intereses que no son siempre educativos. Esta falta de regulación debe superada por una dotación pre-establecida, con cierta flexibilidad de los centros, pero con criterios objetivos que eviten por ejemplo carecer de plantilla fija para abordar enseñanzas ofertadas, como ocurre en especialidades como Latín y Griego (se proponen supresiones que dejarán sin docente estable para luego sacar plazas de vacantes y sustituciones sin cualificación pedagógica en Ofrecimientos, precarizando el puesto y su desempeño) o la dotación desde el inicio de curso de profesionales de Atención a la Diversidad (orientadores/as, PTs y ALs).
Hace 20 años que se crearon Unidades de Orientación atendiendo al criterio de +de 250 alumnos. A día de hoy seguimos constatando que este criterio no se cumple (en nuestra comunidad existen centros con una matrícula que ronda los 900 alumnos atendidos por una sola orientadora) y que la asignación de orientación a los centros depende de factores oscurantistas que para nada garantizan una distribución equitativa de los recursos.
Se nos convoca a una “negociación” de plantillas sin tener datos objetivos como ratios de ANEAES en los centros o criterios para la dotación de Orientadoras y PSC.
Supuestamente Consejería está trabajando este curso en la elaboración de estos criterios; desde STEC hemos solicitado por todas las vías posibles la participación en la elaboración de estos criterios, la respuesta obtenida es que esto no compete a los legítimos representantes de las trabajadoras
- La supresión de los conciertos con la Privada (nuestra seña de identidad); comenzando, como mínimo innegociable, por la aplicación de los mismos criterios de supresión de la Pública, que no se hace por sistema y lo tenemos que estar reclamando año tras año. El actual contexto de crisis demográfica hace aún más incomprensible el desvío de dinero público a negocios educativos privados.
- Reconsideración del Bilingüismo en lengua extranjera. Habiéndose importado este modelo para favorecer el aprendizaje de inglés, no solo carecemos de datos que sustenten la consecución de ese objetivo, sino que existen evidencias suficientes para relacionarlo con problemáticas como la devaluación de los conocimientos, la segregación del alumnado o la sobrecarga de trabajo docente. A ello se suma la problemática de la gestión de la plantilla bilingüe, que genera desigualdades a la hora de consolidar o suprimir plazas.
Por todo ello, desde el STEC solicitamos a la Consejería que habrá una mesa de negociación para poder analizar y debatir en profundidad y con datos la cuestión, pudiendo así tomar las medidas oportunas.
