El concurso-oposición constituye el fundamento en nuestro sistema para el acceso al empleo público bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Tiene, por todas sus implicaciones, gran importancia para las condiciones de sus trabajadores y la propia calidad del sistema educativo. Por ello, la administración pública debe actuar con responsabilidad, absteniéndose de desestabilizar el sistema con bandazos partidistas a escasos meses del próximo proceso.
En la Educación Pública de Cantabria lleva 20 años vigente el acuerdo que permite conservar la calificación obtenida en las dos últimas convocatorias de la oposición para acceder a las listas de sustituciones. Acabar súbitamente con este derecho, perfectamente vigente en otras comunidades autónomas, eliminaría injustificadamente en nuestra tierra este mínimo colchón de seguridad y estabilidad de un personal interino que, pese a su importancia para sostener el sistema educativo, se encuentra en situación más precaria.
A su vez, modificar el sistema de elección de las vocalías de los tribunales a través de sorteo para pasar a un sistema de selección de la mayor parte del tribunal, en el que dos de sus miembros serían por ofrecimiento, constituye un cambio de enorme profundidad que abriría la puerta innecesariamente a otros intereses.
Esto no quiere decir que el sistema no pueda y deba revisarse. Por ejemplo, publicar las rúbricas de evaluación con la propia convocatoria, tal y como se hace en otras CCAA, aportaría previsión, transparencia, garantías y unificación de criterios para todas las partes del proceso. En cualquier caso, cualquier cambio al respecto debe partir de un análisis sosegado y participado, evitando imponerse de manera unilateral.
