La ideología se apodera de la educación
¿Se puede negar el papel ideologizante que ha mantenido la jerarquía católica a lo largo demuestra historia?
ALONSO GUTIÉRREZ MORILLO, profesor de Enseñanza Secundaria
Escribe D. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Santander, un artículo de opinión en este mismo periódico (3/IV/2022) titulado: «La ideología se apodera de la enseñanza» en el que el autor considera que a raíz de la publicación y entrada en vigor de la Lomloe (2020), «… La política educativa se ha convertido en un campo de batalla cultural y antropológico plagado de ideología…» y «… la Lomloe pretende dos objetivos fundamentales: limitar la oferta de una educación concertada y restringir las posibilidades de la enseñanza religiosa escolar católica especialmente en los centros de titularidad estatal…»
Analizaremos ahora estos planteamientos:
¿Se puede negar con un mínimo de sentido histórico el papel ideologizante que ha mantenido la jerarquía católica a lo largo de toda nuestra historia, una de cuyas manifestaciones más claras ha sido el control, durante decenios, del sistema educativo? En este sentido, es esclarecedora la obra del prestigioso teólogo D. Juan José Tamayo (2020), ‘ La internacional del odio’, en la que demuestra, con meridiana claridad, la actual alianza de los posicionamientos ideológicos neofascistas y los fundamentalistas religiosos, apoyados por importantes sectores de la jerarquía eclesiástica.
Defiende asimismo D. Manuel Sánchez, que lo que se pretende es limitar la oferta de la enseñanza concertada, sobre lo que realizaré dos puntualizaciones:
La primera, recordar– porque se olvida con cierta frecuencia– que, a partir de las transferencias educativas, son las distintas comunidades autónomas las responsables de desarrollar las políticas educativas en su ámbito de gestión: tenemos un 48,1% del alumnado matriculado en centros concertados en el País Vasco, un 15,8% en Canarias; en Cantabria un 27,3% y en España un 25,4%.
La segunda, que ha sido la Comunidad de Madrid (que yo sepa nada sospechosa de confabulaciones ‘judeomasónicas’ o ‘comunistas bolivarianas’), la que ha retirado el concierto a 11 centros educativos concertados de Formación Profesional, de reconocido compromiso social. Pero también podría ser, que no sea este tipo de centro concertado al que se esté refiriendo D. Manuel Sánchez Monge.
En otro orden de cosas, parece que en el texto que se comenta se hace un cierto uso de lo que en Filosofía (tan querida por el autor y por mí), se denomina ‘sophisma’ al hacer sinónimos centros públicos y centros estatales, lo que es inexacto. La actual legislación educativa no reconoce en ningún caso el término ‘estatal’, que parece querernos situar en un horizonte totalitario de control de la vida de las personas, del que seguro podría hablar la jerarquía católica, puesto que el único control estatal de la educación que se ha impuesto en nuestro país, en nuestra historia reciente, ha sido el impuesto por el régimen dictatorial franquista; más cuando en la actual legislación educativa, el término que se utiliza es el de centros sostenidos con fondos públicos. Y si los centros concertados son centros sostenidos con fondos públicos entiendo que, en justicia, deben tener los mismos derechos y deberes que el resto de los centros públicos. Ni un derecho menos pero tampoco ningún deber menos.
Considera por último el autor que la nueva legislación educativa (Lomloe), vacía de contenido el currículo de la enseñanza católica en los centros educativos.
Vayamos por partes:
Primero: la enseñanza de la religión católica en los centros educativos es ya un privilegio de la Iglesia católica en el marco constitucional de un estado aconfesional, como el que reconoce nuestro ordenamiento constitucional. Privilegio amparado en unos acuerdos con la Santa Sede que, al margen de ese orden constitucional, perviven hoy y que ningún gobierno del signo que sea, se ha atrevido a impugnar.
Segundo: «La determinación del currículo de las enseñanzas de religión católica… será competencia… de la jerarquía eclesiástica…» (Disposición Adicional Primera, apartado 5, R.D. 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria /BOE 30 de marzo de 2022), por tanto parece que, quien tiene la responsabilidad de ‘vaciar el currículo de la ERE’ o de no vaciarlo será la jerarquía eclesiástica puede negar el papel ideologizante que ha mantenido la jerarquía católica a lo largo de nuestra historia? y no el Estado.
Tercero: no conviene olvidar que el profesorado de religión (35.294 profesoras y profesores, según los datos de la Conferencia Episcopal Española), al que ahora, por fin, se le pide que cumpla los requisitos que tiene que cumplir cualquier otro docente para impartir docencia, es propuesto por las entidades religiosas, sin control alguno por parte de las autoridades educativas y que le cuesta a todas las españolas y españoles, la friolera de alrededor de 700 millones de euros al año.
En definitiva, como dicen que dijo San Marcos (12, 13-17), que había dicho Jesucristo: Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios.
