El 5 de septiembre se publicaron en el BOE la distribución autonómica de financiación de diversos Programas (Bienestar Emocional, refuerzo de la competencia lectora y matemática, Educación Inclusiva, Código Escuela 4.0 y PROA+). La finalidad de estos programas es incrementar la provisión y optimizar la organización de recursos personales, pedagógicos y formativos.
A raíz del malestar mostrado por el STEC en relación al empleo de estos fondos extraordinarios que deriva de la falta de transparencia en las negociaciones de plantillas docentes realizadas en julio, la Consejería envió a los centros educativos una carta informativa, donde se especificaba que una parte de esos fondo se está empleando para pagar las nóminas de puestos docentes ordinarios, que van a realizar las mismas tareas que vienen realizando, sin que ello suponga ninguna mejora más allá de maquillar las cuentas de la Consejería mientras duren estos fondos extraordinarios.
A petición del STEC, hoy hemos mantenido una reunión con el consejero, donde hemos trasmitido la disconformidad en el uso de estos fondos, ya que suponen una reducción de la inversión en Educación con fondos propios.
Así mismo, hemos denunciado la falta de interlocución de varias Direcciones Generales de la Consejería, como la dirigida por J.L. Blanco (D.G. de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica) o R. Mantilla (D.G. de Centros e Infraestructuras Educativas). La primera sigue sin responder a importantes cuestiones planteadas por el STEC en relación a temas relacionados con la Atención a la diversidad o con el Servicio de Inspección, mientras que lamentablemente las reuniones con la Directora General de Centros e Infraestructuras Educativas son prácticamente inexistentes, dejando huérfanas de interlocución real y efectiva a 2 de las 4 Direcciones Generales.
También hemos denunciado las restrictivas interpretaciones relativas al supuesto específico de deber personal inexcusable relacionado con la necesidad de suministrar cuidados domiciliarios a los hijos o a las hijas o menores enfermos o familiar incapacitado judicialmente. Es un permiso que cuando se pide está justificado por el correspondiente informe médico, además como ya se reconoció por parte del Servicio de RRHH, su uso es muy reducido.
Finalmente, también le hemos vuelto a recordar la denuncia que realizamos respecto a los servicios educativos “externalizados” cuyos trabajadores/as tienen unas condiciones extremadamente precarias y además, en el caso de las Técnicos Superiores de Educación Infantil (TSEIs) tienen que ver como las empresas adjudicatarias no cumplen ni si quiera con el abono integro de sus remuneraciones, teniendo que denunciarlas para poder disfrutar de sus derechos laborales.
Desde el STEC, hacemos un llamamiento al consejero Sergio Silva para que replantee el modelo de relación con los legítimos representantes de los trabajadores y trabajadoras de la Educación Pública que representa el STEC.
