La vuelta a las clases en Cantabria será presencial. La decisión de la Consejería de Educación era previsible tras los acuerdos alcanzados en la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud y la Conferencia Sectorial de Educación. Con esta medida, las autoridades sanitarias y educativas parecen estar convencidas tanto de que los centros escolares son entornos suficientemente seguros, como de que el profesorado puede gestionar la compleja situación que supone convivir con la pandemia en los centros, hacerlo con una razonable seguridad y mantener simultáneamente la calidad educativa y unos mínimos de normalidad convivencial. Seguramente que muchas de las personas que trabajan en colegios e institutos no esperan gestos de reconocimiento público por su contribución a la superación de esta crisis, pero sí están legitimadas para demandar un mayor compromiso en lo que a la defensa de su salud se refiere por parte de las administraciones; particularmente de la educativa. Durante la primavera del curso pasado, el personal docente tuvo el tratamiento de colectivo esencial y su vacunación, además de prioritaria, se planificó de manera conjunta por las consejerías de Sanidad y Educación del Gobierno de Cantabria. Ahora no está siendo así; esta última no parece tener ninguna voluntad de implicarse, y transfiere a la primera todo lo relativo a la salud del personal que trabaja en sus centros.
La vuelta a las clases en enero, en medio de un previsible pico de contagios, se prevé complicada. Ahora bien, si analizamos los datos de que disponemos sobre la incidencia de la enfermedad en el ámbito escolar, vemos una realidad con matices: durante el primer trimestre, las incidencias relacionadas con la Covid 19, comparadas con el mismo periodo del curso pasado, descendieron en los institutos, mientras que aumentaron (un 40%) en los colegios de Infantil y Primaria. El incremento de incidencias se concentró significativamente en las semanas lectivas de diciembre, en plena ola de contagios por la variante Ómicron. Si la Consejería de Educación ha dimitido en lo relativo a la vacunación de sus docentes, debería, al menos, implicarse en la implementación de medidas de seguridad en todos los centros escolares, y de forma específica en los colegios de Infantil y Primaria. La actitud de la Consejería de bajar la guardia, amparada seguramente en la falsa seguridad que arrojaban los distintos indicadores que miden la evolución de la pandemia, se manifestó en decisiones poco prudentes, como la de suspender la cobertura de bajas del profesorado en al menos tres ocasiones durante el primer trimestre de este curso. La realidad de la pandemia es tozuda, y relajar medidas como las sustituciones del profesorado, imprudentes hace unos meses, ahora serían temerarias.
Enero será un tiempo en el que la Administración no debería escatimar esfuerzos para garantizar la seguridad en colegios e institutos, y también será el instante en el que comenzarán los trabajos de planificación del siguiente curso. A partir de aquí, y de cara al momento en el que la pandemia deje de atenazarnos, hay que reflexionar acerca de las prioridades inmediatas del sistema educativo cántabro. La Consejería no puede posponer indefinidamente determinadas decisiones. Por ejemplo: debe aclarar el modelo de primer ciclo de Educación Infantil que va a implantar, cómo va a emplear los más de ocho millones de euros que el Gobierno central le va a transferir para tal fin, y si piensa destinarlos íntegramente a la red pública o redirigir parte de esos fondos hacia guarderías y centros privados.
Otra decisión estratégica tiene que ver con las ratios legales máximas que se aplicarán el próximo curso. La reducción de ratios, hasta ahora forzada por la necesidad de mantener la distancia interpersonal, ha supuesto dos cosas: una mejor y más personalizada atención al alumnado, y el mantenimiento de plazas escolares amenazadas por el bajón demográfico. La decisión de reducir las ratios no puede ser coyuntural y forzada por razones sanitarias, sino una apuesta estructural de futuro. Si desde hace ocho cursos disminuye el número de alumnos y alumnas que entran en el sistema educativo, la Administración autonómica debería interpretar esta situación, una vez que pase la pandemia, como una oportunidad para mejorar la calidad y no como una ocasión para abaratar costes. En un corto espacio de tiempo la Consejería tendrá que optar entre retomar las ratios legales máximas y, en consecuencia, suprimir aulas y reducir puestos de trabajo o, por el contrario, negociar unas ratios menores. Lo primero originará frustración y conflictos; lo segundo dará un impulso a nuestro sistema, generará ilusión y volverá a convertir a Cantabria en un referente educativo estatal, como cuando pactamos el modelo del actual calendario pedagógico, se pusieron en marcha las aulas de Infantil de dos años o alcanzamos los primeros acuerdos de estabilidad del personal interino. Veremos.
