Calendario escolar y calendario litúrgico

No hay colectivo profesional cuyas condiciones de trabajo estén más sometidas al escrutinio público que las del profesorado. El calendario, las vacaciones, los horarios y la jornada lectiva son un clásico de las tertulias y un motivo que anima infinidad de discusiones. Estos días no solo se habla del calendario escolar; también se hacen propuestas concretas, empezando por el Consejo Escolar de Cantabria, con la intención de influir en su elaboración. La Consejería de Educación apuesta por explorar otros territorios más amables con su política antes de que, por ley, tenga que abordar el asunto del calendario en el único espacio, la Mesa Sectorial Docente, en el que está residenciada la negociación colectiva. Sin embargo, por el momento, lo que está consiguiendo es ruido y polémica, lo que demuestra que, en lo que se refiere a generar focos de conflicto, la actual Administración educativa es una auténtica campeona.

Convendría recordar que el calendario, la jornada y el horario no son simples cuestiones organizativas: son condiciones de trabajo en el más estricto de los sentidos. Así lo determina, entre otros, el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 37. Cuando materias como estas son objeto de discusión en ámbitos sin competencias negociadoras, como ha ocurrido ahora en el Consejo Escolar de Cantabria, deben abordarse con extremo cuidado para no invadir el terreno de quien tiene atribuida legalmente la negociación colectiva. En otras ocasiones, este órgano se limitaba a las funciones de asesoramiento y consulta que le atribuye la Ley de Consejos Escolares de Cantabria y optaba por una posición más prudente: emitir un informe sobre el modelo y los criterios generales que deben regir el calendario. El Consejo Escolar nunca se había aventurado a elaborar una propuesta concreta con fechas cerradas, una pendiente peligrosa que ha deslizado a este organismo hacia una extralimitación funcional que tendrá consecuencias. La primera se verá en la negociación de la Mesa Sectorial Docente, ya que su propuesta, por la relevancia institucional que tiene, generará un efecto de arrastre y legitimación previa que condicionará de forma determinante la posición de la Administración. 

Llama la atención una actuación del Consejo Escolar de Cantabria tan al margen del acervo que esta institución ha ido acumulando durante años. Si esto ha sido posible, es por varios motivos. El primero tiene que ver con la deriva ideológica que está tomando el Consejo bajo la actual Administración autonómica; deriva que está inclinando el terreno de juego hacia posturas cada vez más conservadoras. Es un hecho que conviene hacer público, no porque sea un desdoro para nadie, sino porque es bueno que la comunidad sepa cuáles son las posiciones que van ganando terreno. Si se materializa el proyecto de la Consejería de Educación de introducir en los órganos del Consejo una mayor representación de la Administración, esta tendencia se agudizará en el futuro.  

El segundo motivo de esta actuación del Consejo Escolar es la voluntad firme y decidida de una parte de este por terminar con un modelo de calendario con el que nunca estuvieron de acuerdo. Estos sectores anhelan volver a un pasado en el que el sistema educativo, en lo que a la distribución de sus tiempos se refiere, era vasallo del calendario litúrgico. Con la decisión que tomó la Comisión Permanente el 10 de febrero, dieron el primer paso en ese viaje de vuelta a tiempos pretéritos y empezaron a enterrar un modelo de calendario cuyas virtudes pedagógicas se han contrastado durante una década.

Supeditar el calendario escolar de 2026/27 a las festividades religiosas lleva inevitablemente a asumir contradicciones de muy difícil justificación. En la propuesta que acaba de aprobarse, el último “bimestre” del curso dura casi tres meses; resulta el doble de largo que el resto de los bimestres. No parece muy racional que se rompa el equilibrio de los tiempos escolares situando el periodo lectivo más extenso del año justo en el momento en que toda la comunidad educativa está más cansada. Esto sucede porque la Semana Santa “cae” muy temprano, es decir, porque la primera luna llena tras el equinoccio de primavera tendrá lugar el 22 de marzo. No es una simple ocurrencia afirmar que la decisión de vincular la Pascua a las fases de la luna de primavera, tomada por el Concilio de Nicea en el año 325, sigue, diecisiete siglos después, operando en nuestro sistema educativo al determinar, cada curso de forma distinta, periodos lectivos y no lectivos. Confundir el respeto que merecen todas las creencias religiosas con la ocupación, por parte de una de ellas, del espacio educativo, provoca situaciones así de irracionales.

Mientras que los sectores más inmovilistas y tradicionales de nuestra sociedad no terminen de asumir que el mundo es cada vez más laico y diverso, y que la expresión pública de una creencia personal, como es la religión, debe circunscribirse al culto en iglesias, mezquitas y sinagogas, seguiremos encontrándonos con todo tipo de polémicas. Polémicas -como esta del encaje del calendario escolar en el litúrgico- ya superadas históricamente en otros países occidentales y que aquí no parecen tener fin.

Jesús Aguayo Díaz

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