¡Qué error, qué inmenso error!

Al conflicto por la adecuación retributiva docente, abierto desde hace más de un año, se le suma ahora el cambio tanto en el modelo de oposiciones como en el de la ordenación de las listas de interinidad. La Consejería de Educación parece decidida a tocar un asunto tan sensible como el de los procesos selectivos del personal docente de forma unilateral y con una propuesta contraria a la opinión unánime de quienes representan al profesorado de la enseñanza pública.

El sistema de concurso-oposición para el ingreso a cuerpos docentes tiene defectos y virtudes. Muchos pensamos que habría que mejorarlo y hemos concretado propuestas como la publicación previa de los criterios de evaluación, aunque desde nuestra autonomía es difícil transformar dicho sistema, ya que buena parte de él viene limitado por una norma básica del Estado que fija los temarios, circunscribe los baremos y predetermina la arquitectura de las pruebas. Es al Ministerio de Educación a quién correspondería hacer cambios estructurales en el modelo, pero también las administraciones autonómicas tienen una parte de responsabilidad en él. La de Cantabria ha decidido tomar cartas en el asunto, pero de manera equivocada: consagrando los defectos y actuando sobre las virtudes.

No parece buena idea que, en la elección de los miembros de los tribunales examinadores, la Consejería de Educación se pretenda reservar la facultad de nombrar a más de la mitad de sus integrantes (hasta ahora venía nombrando solo a la persona que lo preside, de las cinco que lo constituyen). La objetividad, la transparencia y la ausencia de determinados sesgos e intereses, que se propiciaba mediante el sorteo de los vocales, pueden verse comprometidas, al menos en apariencia; y las apariencias, en cualquier proceso opositor, son muy importantes. Otras propuestas de la Consejería, como reducir los tribunales, que tendrían que corregir no alrededor de cincuenta pruebas, como venía siendo habitual, sino varios cientos; o la prolongación del proceso de concurso-oposición durante dos cursos escolares, son asuntos con pros y contras que, por lo complejo y delicado de su naturaleza, requerirían un estudio sereno y una negociación tranquila y sin prisas antes de aventurarse en medidas de este calado.

Por otra parte, la pretensión de suprimir o restringir el guardado de la nota de los dos últimos procesos selectivos como mérito a baremar en la conformación de listas para cubrir sustituciones (así lo tienen una mayoría de CC.AA.) retrotrae al sistema de interinidad cántabro al siglo pasado, reproduciendo los males que entonces se padecían: angustia, precariedad y rotatividad de la plantilla docente. La Consejería de Educación rompe de forma abrupta un pacto que habían respetado todos los gobiernos desde el año 2004 y da así un paso desgraciado, alterando los consensos que han presidido la regulación del empleo interino durante dos décadas y arruinando -todavía más, si cabe- las relaciones con la Junta de Personal.  

Al cambio unilateral en los sistemas de selección e interinidad, junto con el problema no resuelto de la adecuación salarial que citábamos al comienzo de este artículo, se añaden importantes cuestiones que siguen sin abordarse. Dos son acuciantes: la bajada de ratios en todos los tramos del sistema, así como la reducción de la burocracia que asfixia al profesorado y que lastra a diario su labor educativa. Todos estos problemas y puntos pendientes, en un contexto en el que la sociedad cada vez demanda más del sistema educativo, crean un clima de desencanto e irritación que se cierne, como una sombra ominosa, sobre los claustros de colegios e institutos.

El departamento de Educación está enfocando la gestión de todos estos temas como un asunto puramente político, considerando a la Junta de Personal como si fuese la oposición y a los docentes como simples piezas en el tablero de la lucha partidista. Cuestiones como la “cláusula Silva”, por ejemplo, están vinculadas únicamente a la confrontación parlamentaria surgida durante la fallida aprobación de los Presupuestos de Cantabria. Para algunas autoridades, lo importante no es la educación; lo prioritario es convencer a la opinión pública. Y, en esta batalla por el relato, la Consejería no está dudando en sacrificar al profesorado como si fuesen peones de una partida de ajedrez. A quienes defendemos la enseñanza pública, los cálculos electorales de esta Administración nos traen sin cuidado. Lo trascendente es la frustración que acarrean y el peligro de desmotivar profesionalmente a miles de docentes, un colectivo que ha situado al sistema educativo de Cantabria a la cabeza del Estado español y que se merece un trato más justo. El panorama es preocupante, porque empezamos a sospechar que la Consejería, y el Gobierno en su conjunto, han creído que pueden convertir la educación en un desierto para luego llamarlo paz. Y esto será un error, un inmenso error.

Jesús Aguayo Díaz

Representante del STEC en el Consejo Escolar de Cantabria