Solicita la retirada inmediata de las exigencias de evaluación enviadas de forma sobrevenida y una mesa técnica al respecto con el consejero Silva
En mayo de 2024, con la legislatura dando sus primeros pasos, el STEC realizaba un amplio estudio para medir el crecimiento de la burocracia vinculado a la nueva legislación educativa. En la que fue la mayor encuesta no-oficial realizada entre el colectivo docente hasta el momento, el 83% señaló invertir más de 3 horas semanales en tareas relacionadas con la burocracia, siendo esta dedicación ineficiente, rígida y superflua. A su vez, en una encuesta estatal de la Confederación de STEs, la burocracia se situaba ya como el mayo lastre para nuestra función pedagógica, preocupando al 95% del profesorado. Con estos datos en la mano solicitamos una reunión al consejero Silva para abordar esta problemática, pero más de dos años después seguimos esperando una cita.
La implantación de la LOMLOE ha traído consigo cambios en cuanto al sistema de evaluación, asemejando la labor docente más a una administrativa y contable, quitando demasiado tiempo para lo que el profesorado consideramos nuestra función principal: la preparación de las clases y la atención del alumnado.
Ambos factores, burocracia y evaluación, están generando una situación insostenible en los centros, a la que se suma ahora la guía para la resolución de reclamaciones remitida por el Servicio de Inspección, elevando de manera sobrevenida los requisitos administrativos de la evaluación y llevando al límite al profesorado.
Estos requisitos establecen un nivel de detalle que, en todo caso, debieran de haberse establecido en las instrucciones de inicio de curso y trabajado desde ahí, pues resulta inviable de aplicar cuando restan escasas semanas para la finalización del curso. Plantear ahora, súbitamente, que debe estimarse cualquier reclamación cuando “en cada apartado o cuestión” de “toda actividad e instrumento empleado en la evaluación” no se reflejen “expresamente los criterios de evaluación que se valoran”, refleja más una intención de quedar bien y mejorar las estadísticas de aprobado, que de mejorar la calidad educativa y la cacareada “autoridad docente”.
Llama la atención que esta Consejería de Educación exija mucho más al profesorado en el día a día de lo que le concede en las oposiciones públicas al final de curso, donde no solo no se cumplen estos criterios de revisión, es que siquiera ha accedido a la publicación anticipada con rúbrica de los criterios de evaluación específicos, tal y como le propusimos y hacen otras comunidades autónomas.
En esta deriva autoritaria e intransigente de la Consejería de Educación, el camino lo marca la “Dirección General de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica” al mando de José Luis Blanco, que ya fuera mano derecha del consejero Miguel Ángel Serna, de infausto recuerdo para la Educación Pública Cántabra. A lo largo de toda la legislatura, ha dirigido su área ninguneando la legítima representación de los trabajadores a través de sus sindicatos, rechazando cualquier negociación. Así ha procedido, dictando instrucciones sin diálogo previo, como las de los profesionales especialistas en atención a la diversidad impuestas en enero, generado también un profundo malestar.
Por todo ello, desde el sindicato mayoritario de la educación de Cantabria exigimos la retirada de las instrucciones emitidas y una mesa técnica urgente con Sergio Silva que permita abordar estos temas, evitando otro conflicto entre la Consejería y los claustros en este final de curso.
