Prácticamente todas las grandes empresas mediáticas, muchas sin citar en sus titulares que se trata del análisis de un think tank de la universidad privada Esade, han cargado ayer contra la bajada de ratio que conlleva uno de los escasos proyectos legislativos del Gobierno central con probabilidad de salir adelante. Tampoco es ajeno el contexto de que esta cuestión esté siendo reivindicada y negociada estos días en varias CCAA, al calor de las movilizaciones.
En las encuestas docentes que venimos realizando, la bajada de ratio ha sido siempre la medida que más consenso suscita para la mejora de la calidad educativa y el clima del aula. En la última encuesta de los STES-i, que en nuestra comunidad contestamos casi un millar de docentes, el 92% señalamos que las elevadas ratios no permiten atender adecuadamente la creciente diversidad. Pero qué sabremos quienes estamos a pie de aula.
El enfoque de esta medida como un «gasto caro» es cualquier cosa menos inocente. En su interior, el informe reconoce que la reducción generalizada de ratios conlleva efectos beneficiosos en el clima de aula, el bienestar docente o la satisfacción familiar, mitigando problemas de conducta y disrupciones. El argumento de que «la medida no tiene impactos significativos en las calificaciones, ni rebaja la tasa de repetición», obvia que una ratio más baja permite otros cambios pedagógicos.
Tampoco son asépticas las alternativas que trae el informe, pasando por la división-jerarquización de los centros públicos y las propias condiciones del profesorado, promoviendo ratios bajas y complementos salariales únicamente para determinados centros «complejos», como se viene implementando en la Comunidad de Madrid y aquí ya rechazamos recientemente.
Por cierto, a Esadecpol se adscribe también uno de los miembros del equipo, también de economistas, al que la Consejería quiere encargar el estudio sobre el calendario bimestral cántabro. Sigamos atando cabos y desvelando intereses espurios contra la Educación Pública.
