La reciente apertura del juicio oral contra dos docentes por la muerte de un alumno del IES Ítaca de Zaragoza durante un viaje de estudios en 2022 ha reabierto el debate sobre la desprotección del profesorado en las actividades extraescolares. La muerte del menor durante su viaje de estudios a Bélgica no solo deja un dolor imposible de medir para su familia, amigos, compañeros y docentes; deja también una pregunta incómoda a la que debemos buscar una respuesta inmediata: ¿puede la Administración educativa seguir sosteniendo las actividades extraescolares sobre la voluntariedad y la entrega del profesorado al mismo tiempo que lo deja expuesto cuando ocurre una desgracia?
Quienes trabajamos en la enseñanza y quienes durante años hemos organizado actividades extraescolares lo hacemos con la profunda convicción de que son necesarias para la formación integral del alumnado y porque la escuela no puede limitarse a sobrevivir entre paredes, sino que debe abrir ventanas y salir al mundo. Ya Federico García Lorca lo entendió cuando impulsó La Barraca, aquella compañía ambulante que llevaba el teatro a pueblos donde la cultura apenas llegaba. Había en aquel proyecto una convicción profundamente pedagógica: que educar también consiste en sacar el conocimiento de sus recintos y ponerlo en contacto con la vida. De algún modo, cada salida a la que llevamos a nuestro alumnado participa de esa misma intuición.
La experiencia demuestra, además, cómo mejora la convivencia fuera del centro, cómo crecen los vínculos entre el alumnado –e incluso con el propio profesorado-, y cómo afloran capacidades que en el aula a menudo pasan desapercibidas. Por todo eso, resulta fundamental que podamos hacer salidas extraescolares sin que quienes acompañamos al alumnado sintamos que asumimos una responsabilidad inmensa en condiciones de incertidumbre y desprotección.
La escuela pública debe ser garante de este tipo de actividades porque precisamente es la pública la que nace con vocación de igualdad. En muchas ocasiones estas salidas son la única puerta de acceso de algunos alumnos a un mundo que de otro modo quedaría fuera de su alcance. Pero no podemos confundir defender las extraescolares con aceptar que se sostengan en condiciones de precariedad normativa. Desafortunadamente, esa es la realidad a la que nos enfrentamos a día de hoy.
La Consejería de Educación debe tomar nota antes de que otra tragedia vuelva a ocurrir. Lo sucedido en El Bocal ha vuelto a poner de relieve que cuando tiene lugar una desgracia, dirimir responsabilidades rara vez es sencillo. Y si eso sucede incluso fuera del ámbito escolar, ¿qué no podría pasar en una actividad extraescolar sin un marco normativo claro? ¿Quién responde, hasta dónde llega cada responsabilidad y quién protege al profesorado frente a una posible indefensión?
En ningún caso podemos continuar desarrollando nuestra labor con instrucciones ambiguas que cada centro interpreta como buenamente puede. Es el momento de desarrollar una normativa específica, clara y garantista de las actividades extraescolares en las que se recoja una serie de mínimos: una ratio alumnado-profesor segura que permita atender a las necesidades del alumnado; unas dietas regladas de la misma forma que se hace con las comisiones de servicio; una compensación horaria por las labores desempeñadas por los docentes fuera de su horario laboral; y, por supuesto, una norma que establezca con precisión qué responsabilidades corresponden al profesorado y qué cobertura jurídica le asiste.
No se trata de una reivindicación corporativista. Se trata de garantizar la protección necesaria para evitar a toda costa que el miedo empuje al profesorado a renunciar a participar en una excursión, porque hacerlo significaría debilitar el derecho del alumnado a recibir una educación integral.
Ahora bien, esta no puede ser una batalla exclusiva del profesorado. Necesitamos contar con el apoyo de las familias y necesitamos que toda la comunidad educativa comprenda que estamos protegiendo un bien común porque los principales beneficiarios de que estas actividades cuenten con respaldo, seguridad jurídica y condiciones claras son nuestros hijos e hijas. Conviene decirlo con claridad: en el caso de que el departamento de Sergio Silva no nos escuche y tome cartas en el asunto, estaremos abocados a que muchos docentes dejen de implicarse y, por tanto, a que muchos centros reduzcan sus salidas. Por eso es tan importante que las familias hagan suyo este mensaje: reclamar una regulación de las actividades extraescolares es, en realidad, proteger y defender una forma más plena de educar.
Es el momento de remar juntos, de hacer causa común y de exigir a la Consejería de Educación que asuma sus responsabilidades. Porque educar –y esto Lorca lo supo bien- consiste en poner luz donde otros levantan muros; y esa luz también se defiende garantizando que nuestro alumnado pueda seguir aprendiendo más allá del aula con seguridad, garantías y una comunidad unida.
David Galán Menéndez. Miembro del Secretariado del sindicato STEC.
